Descripción histórica del proyecto minero Quimsacocha (Loma Larga) cerca de Cuenca, Ecuador
Introducción
El proyecto Quimsacocha –más tarde renombrado Loma Larga– es una mina propuesta de oro, plata y cobre en los altos Andes del sur del Ecuador, aproximadamente a 30 km al suroeste de Cuenca en la provincia de Azuay. El sitio se encuentra en el ecosistema de páramo (moorland alto) de Quimsacocha, un área reconocida por sus humedales y lagunas que abastecen de agua a decenas de miles de personas en Cuenca y comunidades circundantes. A lo largo de las dos últimas décadas, Quimsacocha/Loma Larga ha sido uno de los proyectos mineros más controvertidos del Ecuador, marcado por cambios de propiedad, batallas legales, debates ambientales y sociales, y una persistente oposición local. El proyecto ha sido impulsado por compañías canadienses, pero también ha enfrentado fuerte resistencia de residentes, organizaciones indígenas y campesinas, y autoridades locales debido a preocupaciones sobre los recursos hídricos y los derechos de la naturaleza. (Canal 4.0, 2025)
Línea de tiempo de eventos y desarrollos principales
1970-1999: Los inicios
La exploración mineral inicial en el área de Quimsacocha fue realizada por un programa de las Naciones Unidas en 1970. A lo largo de la década de 1990, varias compañías (incluida la firma francesa COGEMA) llevaron a cabo estudios exploratorios adicionales en estas tierras de alta altitud. En marzo de 1999, la minera canadiense IAMGOLD adquirió varias concesiones en la región de Quimsacocha (notablemente Cerro Casco, Cristal y Río Falso) de COGEMA.
2001-2010: Exploración y primeras tensiones
Entre 2001 y 2003, el gobierno del Ecuador otorgó a IAMGOLD derechos de exploración sobre más de 11.000 hectáreas en Quimsacocha. La perforación de exploración reveló un yacimiento epitermal de oro significativo, y el proyecto –entonces denominado Proyecto Quimsacocha– mostró un potencial mineral atractivo.
A mediados de los 2000, mientras IAMGOLD avanzaba en la exploración, las comunidades locales empezaron a plantear preocupaciones sobre contaminación del agua y daños ambientales. La oposición tomó forma, con marchas y bloqueos viales por parte de defensores del agua. En 2008, la nueva Constitución del Ecuador consagró los derechos de la naturaleza y protecciones estrictas para el agua, reflejando un énfasis nacional creciente en temas ambientales. Ese mismo año, una moratoria minera temporal a nivel nacional (el "mandato minero") condujo a la cancelación o reducción de muchas concesiones; sin embargo, Quimsacocha permaneció como proyecto apoyado por el gobierno del presidente Rafael Correa, quien lo designó iniciativa minera estratégica.
2011-2012: Cambios significativos
La creciente resistencia local provocó un cambio clave en 2011. El gobierno revocó 3.217 hectáreas de la concesión de IAMGOLD (aproximadamente un tercio del área) y las revirtió al Estado. Esta zona abarcaba el sector más sensible alrededor de las lagunas de Quimsacocha. En octubre de 2011, consultas impulsadas por la comunidad en las parroquias de Victoria del Portete y Tarqui (que dependen del agua de Quimsacocha) registraron un 92% de voto contra la minería en el área. Estas plebiscitos locales, aunque no organizados formalmente por el Estado, demostraron un claro rechazo de base al proyecto.
En marzo de 2012, el Ministerio del Ambiente del Ecuador declaró formalmente las 3.217 hectáreas recuperadas como Área Nacional de Recreación Quimsacocha, incorporándola al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Cabe notar que, antes de esto, un acuerdo ministerial de 2010 había delimitado de manera controvertida una zona de "uso minero especial" que se superponía con parte de Quimsacocha, lo cual críticos interpretaron como un favorecimiento de la minería dentro de lo que pronto sería un área protegida.
También en 2012, ante la oposición comunitaria y cambios regulatorios, IAMGOLD se retiró de Quimsacocha. En junio de 2012 acordó vender el proyecto a la junior canadiense INV Metals por aproximadamente 30 millones de dólares (pagados en acciones de INV), con IAMGOLD tomando una participación accionaria del 40–45% en INV como parte del acuerdo. A finales de 2012, INV Metals asumió el control y renombró el proyecto "Loma Larga" ("colina larga") para reorientarlo a la siguiente fase. Ocho años de resistencia local sostenida habían logrado expulsar a IAMGOLD.
2013-2016: Desarrollo y exploración avanzada
INV Metals realizó más exploración avanzada, estudios técnicos y trabajo comunitario mientras preparaba el desarrollo de la mina. Los estudios de factibilidad confirmaron reservas de alta ley (alrededor de 2,6 millones de onzas de oro equivalente, incluyendo oro, plata y cobre) en un plan de mina subterránea. En este período, el gobierno nacional (bajo el presidente Correa hasta 2017, luego Lenín Moreno) continuó respaldando la minería a gran escala. Loma Larga fue listada entre los proyectos mineros prioritarios del Ecuador, y los procesos de permisos avanzaron lentamente. Sin embargo, la movilización local no disminuyó: protestas, recolección de firmas e incidencia mantuvieron la presión sobre las autoridades, enfatizando que no existía "licencia social" para la mina.
2018-2019: Nueva fase de conflicto
El conflicto entró en una nueva fase con referéndums locales vinculantes. En marzo de 2019, el cantón Girón, que abarca parte del área del yacimiento de Loma Larga, realizó una consulta popular histórica. El 87% de votantes rechazó la explotación minera en la cuenca de Kimsakocha, entregando un mandato claro contra el proyecto. Esto fue un parteaguas —el primer referéndum de este tipo bajo la Constitución de 2008— y efectivamente prohibió la minería en la porción de ese cantón del área de Quimsacocha.
El resultado detuvo el avance de Loma Larga y forzó debates legales sobre si el resultado podía afectar retroactivamente una concesión existente. El gobierno argumentó que el referéndum no podía aplicarse a derechos mineros ya otorgados, postura discutida por autoridades y activistas locales. Mientras tanto, los grupos comunitarios ampliaron su movimiento, organizándose bajo consignas como "Kimsakocha no se toca" y organizando marchas en defensa del agua.
2020-2021: Consulta provincial y cambio corporativo
Con el voto de Girón paralizando el proyecto, la atención se trasladó a una iniciativa de ámbito provincial. En febrero de 2021, los habitantes de Cuenca y zonas adyacentes votaron en una consulta popular más amplia para prohibir la minería en cinco zonas de cuencas, incluyendo el páramo de Quimsacocha. De nuevo, el resultado fue contundente: alrededor del 80,9% votó por proteger el agua y prohibir la minería en esas cabeceras. Aunque el gobierno nacional sostuvo que estos resultados no cancelarían concesiones mineras preexistentes, la presión política sobre Loma Larga se intensificó.
Ese mismo año se produjo un cambio corporativo importante: Dundee Precious Metals (DPM), una minera canadiense de tamaño medio, anunció la adquisición de INV Metals y del proyecto Loma Larga (la operación se completó en septiembre de 2021). La entrada de DPM aportó nuevo capital y optimismo al proyecto: la empresa promocionó Loma Larga como un futuro productor de 200.000 onzas de oro por año y asignó 419 millones de dólares para su desarrollo. Dundee también asumió el desafío de navegar el proyecto a través de los permisos ante la oposición local arraigada.
2022: Punto álgido legal
Los desafíos legales llegaron a un punto álgido. A inicios de 2022, organizaciones indígenas y campesinas (lideradas por la Federación de Organizaciones de Azuay – FOA) presentaron una demanda alegando que el gobierno y DPM violaron su derecho a la consulta previa, libre e informada (CPLI/FPIC) al avanzar Loma Larga sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas.
En julio de 2022, la Corte Provincial de Azuay falló a favor de las comunidades y emitió medidas de protección: suspendió todas las actividades mineras en Quimsacocha y ordenó al Ministerio del Ambiente realizar un nuevo estudio de biodiversidad y una adecuada consulta antes de cualquier explotación. Esta orden judicial congeló legalmente el proyecto. Sin embargo, activistas locales señalaron que en la práctica la aplicación de la sentencia fue lenta: los campamentos de exploración permanecieron y se percibió lentitud de las agencias en cumplir los estudios mandatados.
2023: Transición y pausa
Con el proyecto en pausa por orden judicial, Dundee Precious Metals trabajó para cumplir con los requisitos legales. El Ministerio del Ambiente emprendió evaluaciones adicionales del ecosistema, y se planificó un proceso de consulta formal bajo la supervisión de la Corte Constitucional del Ecuador. Mientras tanto, el gobierno nacional cambió: el presidente Guillermo Lasso, promotor de la minería, dejó el cargo en 2023, y se convocaron nuevas elecciones.
El sentimiento local permaneció firmemente contra la mina, como evidenciaron continuas manifestaciones. En agosto de 2023, la Corte Constitucional ratificó la necesidad de consulta y revisiones ambientales, sosteniendo efectivamente la pausa sobre Loma Larga. A finales de 2023, el gobierno entrante del presidente Daniel Noboa señaló un enfoque más cauto hacia proyectos mineros contenciosos.
2024-2025: Crisis y desenlace
A inicios de 2024 se realizaron esfuerzos para llevar a cabo la consulta con comunidades locales ordenada por la corte. Según el gobierno, se llevaron a cabo una serie de talleres y reuniones (con observadores de la Organización Internacional del Trabajo y la Defensoría del Pueblo) para discutir el proyecto con poblaciones cercanas. Para octubre de 2024, el Ministerio del Ambiente reportó a la corte que había completado estudios de línea base de agua y biodiversidad, y el 31 de octubre de 2024 afirmó que el "proceso de consulta ambiental" había concluido con lo que describió como aprobación comunitaria general del proyecto.
Líderes locales disputaron fuertemente esta afirmación: alegaron que la "consulta" fue defectuosa y fraudulenta, diciendo que las autoridades solo involucraron a pequeños grupos pro-minería y no realizaron ninguna votación genuina entre el conjunto de comunidades afectadas. A pesar de la controversia, los reguladores avanzaron. El 23 de junio de 2025, el Ministerio del Ambiente del Ecuador otorgó a Dundee Precious Metals una Licencia Ambiental para Loma Larga, autorizando al proyecto avanzar hacia construcción y operación.
Esta aprobación marcó un hito para la compañía, pero provocó de inmediato indignación en Cuenca y Azuay. Estallaron grandes protestas, y funcionarios locales plantearon objeciones técnicas. A las pocas semanas, el gobierno respondió: el 6 de agosto de 2025, el Ministerio de Energía y Minas emitió una carta a DPM suspendiendo todas las actividades del proyecto hasta que la empresa presentara un Plan de Manejo Ambiental integral para proteger el agua, indicando explícitamente que el inicio del desarrollo minero quedaba en pausa.
Septiembre-octubre de 2025: El desenlace final
La presión pública alcanzó su punto máximo el 16 de septiembre de 2025, cuando se estima que 100.000 personas marcharon en Cuenca —una de las manifestaciones ambientales más grandes en la historia del Ecuador. Gritando "¡Manos fuera de Quimsacocha!" y "El agua vale más que el oro", los manifestantes exigieron la cancelación total de Loma Larga.
Ante esta marea y con informes técnicos contundentes de la empresa de agua de Cuenca y autoridades de Azuay, el gobierno tomó acción decisiva. El 5 de octubre de 2025, revocó la licencia ambiental de Dundee para Loma Larga, deteniendo efectivamente el proyecto indefinidamente. En su anuncio, los ministerios de Ambiente y Energía citaron el principio de precaución, los derechos de la naturaleza y la necesidad de proteger las fuentes de agua de Quimsacocha y la salud pública.
El presidente Noboa respaldó la decisión, alineándose con el pueblo de Cuenca en la oposición a la mina. Líderes locales celebraron la medida como la culminación de una "lucha de décadas" para defender su agua. A finales de 2025, el proyecto Quimsacocha/Loma Larga está suspendido y su futuro es altamente incierto, pendiente de eventuales apelaciones legales o esfuerzos de la empresa por rescatar la inversión.
Postura del Gobierno Nacional
La posición del gobierno nacional ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, desde el fuerte apoyo bajo Rafael Correa (2007-2017) y Guillermo Lasso (2021-2023), hasta un enfoque más cauteloso bajo Daniel Noboa (2023-presente). Esta evolución refleja tanto cambios en la política nacional como la creciente influencia del movimiento ambiental local.
Bajo Rafael Correa (2007-2017)
Inicialmente, Correa adoptó una postura firme contra la minería no regulada (de ahí el mandato minero de 2008), pero luego se convirtió en un promotor de la minería a gran escala para diversificar la economía ecuatoriana, dependiente del petróleo. Su gobierno firmó los primeros contratos de explotación minera en la historia del Ecuador y atrajo inversión minera extranjera. La administración de Correa etiquetó a Quimsacocha (Loma Larga) como un proyecto estratégico, integrándolo en los planes nacionales de desarrollo.
Durante este período, el gobierno central a menudo chocó con activistas locales antiminería; el propio Correa acusó a algunos manifestantes de estar "financiados por ONG extranjeras" o de obstaculizar el progreso. A pesar de la oposición local, los ministerios de Correa facilitaron las operaciones de IAMGOLD y posteriormente la gestión de INV Metals brindando seguridad y tramitando sus solicitudes (hasta la etapa de factibilidad).
Sin embargo, también fue bajo Correa que se recuperaron 3.217 hectáreas para crear el área protegida, un movimiento algo contradictorio que probablemente buscaba aliviar tensiones. La intervención gubernamental, por lo tanto, osciló: promoviendo el proyecto económicamente, mientras concedía algunas salvaguardas ambientales cuando hubo presión.
Bajo Lenín Moreno (2017-2021)
Moreno en gran medida continuó la política pro-minería de Correa, pero con un tono más conciliador hacia las comunidades. Su gobierno actualizó los estudios ambientales de Loma Larga y en 2019 declaró públicamente que la minería solo avanzaría con los más altos estándares. Tras el referéndum de Girón en 2019, los ministros de Moreno enfrentaron un dilema; en última instancia, se alinearon con la visión legalista de que el proyecto podía continuar (ya que era una concesión existente).
Aun así, el mero hecho de que se permitieran referéndums bajo Moreno (cuando la Corte Constitucional ya era relativamente independiente) muestra un leve cambio: el gobierno central no intervino para detener estos ejercicios democráticos locales, algo que Correa probablemente no habría permitido. En 2020, la administración Moreno declaró una moratoria temporal sobre nuevas actividades mineras en áreas protegidas y cerca de fuentes de agua, pero nuevamente sostuvo que esto no aplicaba a la concesión existente de Loma Larga.
En esencia, el gobierno de Moreno intentó acelerar los permisos finales de Loma Larga (la revisión del EIA se inició en 2020) mientras gestionaba el descontento público con mesas de diálogo y promesas de proyectos de desarrollo en Azuay.
Bajo Guillermo Lasso (2021-2023)
Lasso, un presidente conservador pro-empresa, fue muy favorable al sector minero. Su mandato coincidió con la adquisición del proyecto por parte de Dundee. El gobierno de Lasso avanzó con rapidez en los permisos pendientes: fue durante su gestión que tuvo lugar la mayor parte del proceso de licenciamiento ambiental, culminando a inicios de 2023 cuando (según se informó) la aprobación técnica del EIA estaba casi concluida.
La administración Lasso también adoptó una postura más firme contra la interferencia local: a mediados de 2022, después de que el tribunal provincial suspendiera el proyecto, el gobierno nacional apeló y buscó revertir esa decisión. El Ministerio de Energía y Minas de Lasso advirtió a los municipios locales que no excedieran sus atribuciones intentando prohibir la minería (la ministra de Energía Inés Manzano en 2025 incluso previno que los entes locales podrían enfrentar consecuencias legales si actuaban para bloquear Loma Larga).
Así, Lasso se alineó con la empresa y la ley nacional, insistiendo en que el proyecto avanzaría una vez despejados los obstáculos legales. Sin embargo, el mandato de Lasso terminó antes de tiempo y no vio el resultado final; es probable que, de haber permanecido, la licencia se hubiera otorgado antes y quizá defendido con mayor firmeza por el gobierno central.
Bajo Daniel Noboa (finales de 2023-presente)
Noboa, que llegó al cargo después de la suspensión de actividades, adoptó un tono marcadamente distinto. Representa a una generación más joven y enfrentó fuerte presión del electorado de Cuenca (bastión de oposición, con votantes mayoritariamente antimineros). Noboa declaró en septiembre de 2025 que coincidía con la "altísima probabilidad" de que Loma Larga se archivara.
En efecto, cedió a los deseos locales, diciendo que si el proyecto se detiene, el Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay deberían respaldar sus informes técnicos y asumir la responsabilidad de esa decisión. Este comentario, algo críptico, sugirió que el gobierno central estaba dispuesto a frenar la mina, pero también quería que las autoridades locales asumieran el resultado (posiblemente para evitar arbitrajes internacionales o reacciones de inversionistas).
Bajo Noboa, los ministerios de Ambiente y Energía cooperaron en la revocatoria de la licencia en octubre de 2025. Esto indica un giro en la participación nacional: de promotor a regulador cauteloso. Se alinea con la necesidad de Noboa de mantener la paz social y responder a un mandato ambiental de la ciudadanía.
No obstante, también es posible que tras bambalinas el gobierno tema repercusiones legales: Ecuador ha sido demandado en el pasado por compañías mineras bajo tratados bilaterales de inversión. La referencia de Noboa a la responsabilidad local podría ser un intento de blindar al gobierno nacional frente a posibles responsabilidades. En cualquier caso, a día de hoy la postura oficial del gobierno es que proteger el agua y la naturaleza en Quimsacocha es primordial, un cambio significativo atribuible a la persistente acción cívica.